sábado, 19 de abril de 2008

Crisis institucional y cultural

El poder legislativo mexicano está paralizado, no sesiona, no trabaja. El tema de la reforma petrolera y la toma de las tribunas legislativas por parte de los partidos políticos que conforman el Frente Amplio Progresista (PRD, PT, PC) permiten hacer una reflexión sobre la maduración de las instituciones democráticas de nuestro sistema político, y aún más de la cultura política mexicana.

Los engranajes de la maquinaria legislativa no han podido procesar un proyecto de reforma petrolera. El tema y el problema han rebasado la capacidad de negociación de los senadores y diputados para llegar a un acuerdo mínimo de entendimiento.

Efectivamente, el tema hace difícil que se puedan conciliar posturas. Hablar de petróleo en México no se limita únicamente a la forma en que se puede administrar un bien público, sino que es un tema que tiene sus raíces en los sentimientos de identidad y de nacionalidad para la gran mayoría de los mexicanos. Intentar modificar la naturaleza pública, estatal, nacional del petróleo, equivale para muchos a una especie de traición a la patria. Por eso se ha querido ubicar el problema en el terreno de las instituciones y de la cultura política.

El FAP adoptó una postura extrema en este tema, en el sentido de que rompió con la institucionalidad y la legalidad del proceso legislativo. El FAP no ha permitido que el proyecto de reforma presentado por el presidente Calderón sea ni siquiera discutido en las respectivas comisiones. Ha tomado las tribunas y con ello cancelado la posibilidad de que se apruebe la reforma. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué no confiar en el proceso legislativo y en el raciocinio de los demás legisladores para sacar una buena reforma? La respuesta es precisamente que el PRD y los otros partidos no tienen confianza para que sea aprobada una reforma producto de una verdadera discusión y consenso. El temor de ser rebasados por la mayoría PAN-PRI orilló, hasta cierto punto, a los legisladores del FAP ha desafiar a las instituciones. La mayor ancla de apoyo que sienten tener es lo que se ha mencionado arriba: defender el carácter público del petróleo es defender la nación.

Pero además de esta cuestión hay otro detalle importante, y que ya se ha dicho en varias partes. La reforma es anticonstitucional, pues propone poner en manos de terceros (entiéndase extranjeros) tareas estrategias de la administración del petróleo. El camino legal que pudo o puede seguir el PRD es, ante una posible aprobación de la reforma, acudir a la Suprema Corte de Justicia y pedir que se declare inválida por su carácter violatorio de la carta magna. No obstante, bajo la visión del FAP, el Poder Judicial ha dado varias muestras de su incapacidad para impartir justicia, cito el caso de la resolución a la impugnación del proceso electoral del 2006 o la impunidad del gobernador Mario Marín. Es preocupante en todo caso, que un grupo político tan importante como el representado por el FAP, no confíe en el poder que se supone deber velar porque la ley se cumpla.

También hay que ver la rentabilidad política de la postura perredista. Por un lado el desgaste es grande si se atiende a la pésima cobertura que han hecho algunos medios del tema. Tal vez el más escandaloso es el de Televisa, empresa que ha parcializado los contenidos de sus noticias en este tema para crear un opinión pública totalmente condenatoria del fenómeno. Se han escuchado frases como asalto y secuestro, para calificar a ese movimiento. De acuerdo, hay libre expresión, pero también el público tiene derecho a información objetiva e imparcial.

Otro elemento siempre presente en este tipo de situaciones es el de la desinformación. Muchos de quienes están a favor o en contra de la reforma y tienden a descalificar al otro, no han leído el contenido de las reformas. Es decir, se dejan ir por los grandes enunciados o por las opiniones tendenciosas de algunos medios y a partir de ahí adoptan una postura sin pasar por el debido proceso de reflexión. El camino que se salta la gente es obtener información, reflexionar y opinar. Realizar este proceso nos llevaría a la formación de una ciudadanía racional, participativa y democrática.

Independientemente de la postura que se tenga acerca de la reforma, nadie puede estar del todo tranquilo con lo que está pasando con nuestras instituciones. El problema es muy complejo, y requiere de una profunda reingeniería institucional y de una mejora substancial de nuestra cultura política.

Un síntoma claro de la crisis institucional es que hay un debate, que nadie dirige, sobre el tiempo que debe durar la discusión de la reforma. Que dure el tiempo que sea necesario, pero que ya empiece.

Publicado en diario Aguas (17/Abril/2008)

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