El adiós al 2007

A la memoria de Anastasio López Frías (1916-2007)

El 2007 fue el año en el que desembocó en buena medida el conflicto electoral del 2 de julio de 2006. Los actores de todas las fuerzas políticas se fueron comportando de acuerdo a lo que pasó en ese año. No obstante ello, en el 2007 se logró superar el estancamiento de la discusión del fraude con el tema de la reforma electoral. Desde mi punto de vista se logró traducir en un producto tangible la discusión y el debate poselectoral. Desde 1977 a la fecha, ya suman tres décadas de reformas electorales en el país, y si bien no se ha alcanzado la construcción de una democracia que deje satisfechos a todos, tenemos ahora una ley que puede garantizar mayor equidad y aceptación de los resultados.

En esta tesitura, el 2008 se distinguirá por la discusión en materia electoral en nuestro estado, pues se tendrán que hacer los ajustes necesarios para que se empate lo que dice la Constitución en la legislación local. Aunque para algunos puede ser sólo un ejercicio de adaptación, lo que se tiene es una oportunidad de mejorar aún más nuestro código electoral. La tarea, por tanto, del Legislativo será convocar a todos los actores políticos y sociedad en su conjunto para que opine y respalden los cambios que se darán a las reglas de la competencia política.

Pero también el 2007 es significativo por el rompimiento de la inercia de triunfos panistas en el estado. La derrota del Partido Acción Nacional (PAN) no se reduce a una sola causa, sino a un conjunto de fenómenos: el rompimiento político del gobernador Luis Armando Reynoso Femat con buena parte de la dirigencia panista precisamente en el año de la elección; la presencia activa del narco en el estado y la incapacidad de todas las autoridades para detenerlo, causando un profundo malestar en la sociedad; el agotamiento del PAN para cumplir las expectativas de cambio de los hidrocálidos; un candidato panista que no supo interpretar el momento político y utilizó un discurso agotado; lo anterior lleva a tomar en cuenta la hipótesis de que muchos ciudadanos que votaban por el PAN dejaron de hacerlo (el abstencionismo fue el más alto que se haya registrado: 58.56%); se agrega también que hubo una tercera fuerza competitiva encabezada por el candidato de Convergencia, Armando López Campa, que de alguna manera restó apoyo al candidato de la Alianza.

Además con el antecedente de la elección del 2004, donde el priísmo local ya había dado signos de recuperación (el Ing. Carlos Lozano de la Torre se quedó a menos de dos puntos porcentuales de ganar el municipio capitalino). Finalmente la figura del Ing. Gabriel Arellano Espinosa resultó interesante porque tiene el perfil que al parecer agrada al votante hidrocálido: empresario y católico. Y si bien no había mucha diferencia en cuanto a propuestas con los otros contrincantes, el candidato priísta ofreció lo que todo mundo desea para Aguascalientes: seguridad, que se regrese a la típica tranquilidad hidrocálida. El reto que se ha autoimpuesto puede ser el pase del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la recuperación del gobierno del estado o un nuevo no de la ciudadanía en el 2010.

Por otro lado, la agenda del nuevo ayuntamiento no debe reducirse al problema de la seguridad; el reto es aún mayor: demostrar que el PRI aprendió de sus errores y que puede gobernar de manera diferente a como lo ha hecho el PAN desde 1995. Un solo punto a destacar y que debe ser el pilar de todo gobierno, es la forma en cómo conciba a la sociedad: como clientela electoral o como verdaderos ciudadanos. Eso fue lo que le dificultó al PAN crecer en la sociedad, nunca dejó de ver en la política social una forma de allegarse apoyo, una política paternalista en pocas palabras. El equipo de Gabriel Arellano debe definir qué tipo de ciudadanía quiere fomentar: la pasiva (cliente) o la activa (ciudadano). Hay una visión reduccionista del gobierno como proveedor de servicios, tiene que ser algo más: una guía, modeladora de la sociedad, y eso es algo que de manera sorprendente los gobiernos no toman en cuenta. El punto de partido para hacer esto es la conformación del Plan Municipal de Desarrollo, un documento que siempre se ha manejado como simple requisito de ley y no se le ha sabido dar la operatividad que amerita. En el Plan Municipal debe estar el Aguascalientes que se quiere tener en el 2010, pero como parte de una estrategia de mayor alcance, no como fin único.

El 2008 será entonces el inicio de una nueva etapa política en el estado, habrá cohabitación política: un gobierno estatal panista y uno municipal priísta. Además, el 2008 será el año de preparación para la elección federal del 2009, y a su vez ésta será el preámbulo para la elección para gobernador del 2010. Una de las reformas electorales que se antoja que sean analizadas es la del calendario electoral; tenemos elecciones dos años seguidos con uno de reposo, el mantener la lucha política tan constante frena el acuerdo y los avances sustanciales en los gobiernos.

Publicado en periódico Aguas (27/12/2007)

Felicidad y democracia: ¿De qué estamos hablando?

Por Alex Ricardo Caldera Ortega.
En esta ocasión que mi buen amigo, el doctor Jesús Aguilar López, me ha invitado a colaborar en su columna Haciendo Democracia, he querido compartir con ustedes la siguiente reflexión en torno a la relación entre felicidad y democracia. El tema quizá sea abstracto o ajeno para muchos, pero créanme que cada vez tendrá más vigencia en el debate político.

El tema de la felicidad ha estado históricamente presente en las consideraciones y objetivos del diseño institucional político de la humanidad. La vida en comunidad tiene como objetivo trascendental, más allá de la simple sobrevivencia, alcanzar la felicidad personal y procurar la de los individuos cercanos, y por extensión de la sociedad misma. En el constitucionalismo temprano la consecución de la felicidad social fue el principal deber del ejercicio del poder político, y la materialización del pensamiento liberal en el Estado constitucional democrático transformó la felicidad en los derechos universales del ciudadano.

¿Hasta dónde el arreglo institucional democrático ha conseguido lograr la felicidad de las personas? Esa es una pregunta pertinente que últimamente ha resurgido como interés de la ciencia política de principios del siglo XXI después de un periodo intenso de cambio político en el mundo que trajo consigo la instauración de regímenes democráticos en Europa del este, América Latina, África y Asia. Los resultados de varios de estos estudios coinciden en que generalmente hay una relación positiva entre vida democrática y niveles de satisfacción de vida creciente, pero se identifica que la correlación es sumamente modesta, considerando otras variables independientes, como pueden ser la situación familiar, la económica personal, o el contexto social y cultural. Incluso, considerando los resultados de países ex comunistas como Rusia, Hungría o Rumania, donde la relación entre democratización y niveles de felicidad ha sido negativa, las afirmaciones han sido tajantes al aseverar que la democracia no trae necesariamente felicidad (recomiendo el texto Ronald Inglehart de 2006: «Democracy and Happiness: What Causes What?»).
Documentos como el llamado A Well-Being Manifesto for a Flourishing Society de la New Economics Foundation, al reconocer que el bienestar es algo más que la felicidad de las personas, identifican que una de las áreas que los gobiernos deben promover para dicho bienestar es el fortalecimiento de la sociedad civil. Lamentablemente en esta ‘recomendación de política’ la participación social se observa únicamente como instrumental y con un alcance limitado: proveer de apoyos directos a comunidades y organismos de la sociedad civil, o retirar al gobierno como proveedor central de los servicios públicos, remplazándolo con sectores interesados y comprometidos con la rendición de cuentas y poner a los usuarios en el centro.

Esta visión es limitada, en tanto entiende a la sociedad sólo como usuaria de servicios públicos y no como constitutiva del orden político. Por tanto, es dudosa -o por lo menos incompleta- su intención de fortalecimiento de la sociedad civil al dar un sobrevalor a la eficiencia sobre la legitimidad democrática, dificultando de esta manera el lograr cambios significativos. El fortalecimiento de la sociedad civil bajo esta visión se entiende como una reforma desde arriba que trata de encontrar sujetos sustitutivos del papel ineficiente del Estado en la prestación de servicios públicos, pero niega a fin de cuentas la posibilidad del ejercicio pleno de la ciudadanía y desdibuja lo público al reducir los terrenos, temas y procesos constitutivos de la política.

Las consideraciones anteriores tienen implicaciones directas sobre la felicidad. La relación entre Estado y sociedad, entre gobierno y gobernados es una relación moral que a fin de cuentas tiene que ver con el bienestar objetivo o subjetivo de las personas. El criterio último del bien social es el bien de los ciudadanos.
Amartya Sen reconoce que durante todo el siglo XIX los teóricos de la democracia se perdieron en la disputa alrededor de la pregunta relativa al cuándo una nación era apta para el sistema democrático. Finalmente la duda se disipó durante todo el siglo XX, cuando se identificó que la pregunta era la equivocada: «Una nación no tiene que ser declarada apta para la democracia; por el contrario, tiene que convertirse en apta mediante la democracia».

El principio de autonomía es la base de la constitución de la sociedad, y por tanto esencial para la consecución del bienestar; es decir, la principal herramienta de los individuos para conseguir su bienestar es su capacidad de agencia, su libertad. La idea que se defiende es que las decisiones públicas habrán de respetar las concepciones de los individuos sobre su propio bienestar. La participación ciudadana en una sociedad realmente democrática aparece como un elemento esencial -no accesorio ni complementario marginalmente- para la determinación de políticas propiamente públicas. Dicha participación debe ir desde la deliberación acerca de las mejores opciones de política y los objetivos a atender, presionando para que se pongan en marcha políticas más adecuadas, hasta una colaboración estrecha en la elaboración e implementación de las acciones concretas.

Lo anterior lleva a una defensa de un ideal político de democracia caracterizado como «deliberativo» y «participativo». Modelo alternativo, mas no de manera excluyente, a la concepción de democracia representativa. La deliberación y participación es pertinente en razón del respeto consecuente con la libertad (autonomía) de los ciudadanos, fuente primaria de todo orden social.

Al tratar de correlacionar democracia y felicidad es pertinente la pregunta: ¿De qué relación estamos hablando? Si bien los estudios recientes sobre determinantes de la felicidad han comprobado que ésta se encuentra asociada a una multiplicidad de factores, y que los eminentemente políticos son sólo una parte (a veces pequeña) de ellos, a la hora de hacer referencia al bienestar social es claro que un arreglo institucional democrático es la principal vía para la consecución de la felicidad.
¿En verdad se le ha dado un énfasis desmedido a la importancia de la democracia y solamente es una insistencia utópica o derivada en el mejor de los casos de nuestros intereses académicos? Los incentivos políticos, como los que los arreglos institucionales democráticos proveen, tienen un valor intrínseco en la consecución de la felicidad, ya que la participación de los propios ciudadanos en el gobierno -respetando su autonomía política- es la forma más directa para asegurar el bienestar social.

Publicado en Aguas (13/12/2007)
Imagen: Brian Eno.

¿A mitad del camino?

Afortunadamente a lo que se refiere el título o slogan del Tercer Informe de Gobierno del ingeniero Luis Armando Reynoso tiene que ver con sus seis años de gestión y no con el futuro de Aguascalientes. Pensar lo contrario sería aceptar que Aguascalientes nació con su mandato y fenecerá con el mismo. La frase, por tanto, se antoja más bien melancólica y no descriptiva de la situación que guarda la administración pública del estado.

El referente de los informes de gobierno en Aguascalientes, es decir el modelo a seguir por los gobernadores y hasta presidentes municipales es el que se observó por muchos años en la Presidencia de la República: público atento, ovaciones, felicitaciones, besamanos, festejo y cosas por el estilo. En Aguascalientes no se ha evolucionado hacia nada nuevo, el viejo esquema priísta de veneración sigue con los gobiernos del PAN.

Efectivamente, los informes de gobierno en México están más bien en la sintonía de ser un ritual del poder, que actos republicanos para comunicar a la sociedad lo que se está haciendo con los recursos públicos. El gobernante y su grupo posan en una escenografía para la foto y el video, para que le quede claro a la gente toda la ostentación y derroche de recursos que se pueden hacer con el erario público. En todo caso, y dejando de lado las cuestiones frívolas, el informe de gobierno en Aguascalientes ya está totalmente rebasado; el ritual no logra convocar a la sociedad, no aumenta el reconocimiento sino que, por el contrario, hace que se repudie. Por lo menos eso pasa con el esquema que decidió utilizar el gobernador Luis Armando Reynoso.

Es evidente que el mandatario más que tener un equipo de asesores, tiene uno de mercadólogos. La diferencia es sencilla: un buen asesor político hace reflexionar al gobernante y le permite escoger entre un abanico razonado de opciones; así, por ejemplo, se pudo sugerir un esquema de discusión entre poderes para que el Ejecutivo defendiera su informe ante el Congreso local, pero eso no pasó. Un especialista en mercadotecnia efectivamente le vende la idea al gobernante de que lo que importa es la imagen, la escenografía, el lenguaje simple y repetitivo (escaso de ideas), y un formato de informe lleno de fotos muy bien digitalizadas y sin mucho texto, para que el mensaje llegue a las masas.

Otra cosa que también hay que advertir es la escasa o nula opinión analítica de varios medios de comunicación, que caen fácilmente en la complacencia: seguirle el juego al poder.

Por otra parte, es de llamar la atención el descuido con el que está armado el informe en su versión impresa; se colocan por ejemplo los subtemas de gobernabilidad y participación democrática en el apartado de seguridad social. Aunque no sé si sean errores o un grave problema de capacidad intelectual.

Entrando un poco a fondo en el reto de la gobernabilidad, llama la atención lo mal armado que está el discurso. Hay una confusión básica de conceptos y de tareas a desempeñar por parte de la Secretaría General de Gobierno (SGG). Gobernabilidad no es sinónimo de dicha secretaría. La gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de todo un sistema político para que las instituciones políticas funcionen sirviendo a la sociedad, existe un rico bagaje teórico relacionado con el tema, pero ni una pisca de ello se ve reflejado en el informe. La gobernabilidad es consustancial al sistema político, y vaya que hace falta un diagnóstico serio de ello, ahora más que nunca por el problema de la inseguridad que está haciendo crisis en la sociedad, pero eso no se puede obtener en el informe. Este se limita a dar cifras descontextualizadas de la SGG, donde lo que más se destaca es la no interferencia del gobierno en los procesos electorales y que no hubo conflictos poselectorales; pero eso no es un logro del Poder Ejecutivo, es de los ciudadanos, del Instituto Estatal Electoral, y de los partidos políticos. Si asume el Poder Ejecutivo que es uno de sus logros está saludando con sombrero ajeno.

Este último tema está hilado con el otro que deseo resaltar, el reto de la participación democrática. Lo que deja el supuesto informe es que hay una visión estrecha de lo que es la participación democrática en los gobiernos estatales. La participación democrática no se reduce a que funcione un programa de atención ciudadana, es algo más complejo que eso, como hacer que la sociedad realmente dé la pauta para la toma de decisiones (poner en práctica la consulta, el referéndum y el plebiscito, o crear espacios institucionalizados de deliberación pública, por poner unos ejemplos). En un terreno clave para cualquier administración pública, el desarrollo democrático, el gobierno de Aguascalientes sencillamente no tiene estrategia, interés ni mucho menos recursos.

Sorprende también la falta de medición de la opinión pública por parte del gobierno del estado. En otros tiempos se tenía el dato de la empresa Consulta Mitofsky para saber la evaluación de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Ahora parece que nadie está interesado en evaluar a los gobernantes. Las evaluaciones del señor gobernador son simples autoelogios que nadie compra, ¿o usted calificaría con un diez estos tres años de gobierno?

Publicado en Aguas (6/12/2007)

Desarrollo democrático

En el anterior artículo se habló de algunos de los resultados relevantes del Latinobarómetro, un ejercicio de medición de la opinión pública que como resultado general ponía a la democracia latinoamericana en una posición de estancamiento: no avanza, no se cae, simplemente está ahí. Sin duda, ésta es la mejor descripción para el caso mexicano. Ahora, esta semana se han dado a conocer los resultados de otro indicador democrático; me refiero al elaborado por la Fundación Konrad Adenauer y la consultora Polilat, ambas organizaciones gozan de reconocimiento internacional.

Los hallazgos del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat) fortalecen las conclusiones del Latinobarómetro. El IDD-Lat es resultado de la medición de cuatro dimensiones básicas del desarrollo democrático. No está basado únicamente en una sola fuente de información, sino que toma datos de otras instituciones para observar el desempeño de variables básicas con las que se puede definir que existe cierto nivel de democracia en un país.

La primera dimensión se refiere a las condiciones básicas de la democracia, y no tiene una medición propiamente cuantificable, sino que simplemente es la observación de si existe o no la democracia en términos formales. La definición básica para establecer si existe o no democracia es la siguiente: acceso al poder de las autoridades a través de celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Si falta una de estas características a un país, simplemente no es democrático. En México podríamos decir, sin ser demasiado exigentes, que sí existe una democracia formal, pues las leyes amparan los procedimientos básicos (técnicos) para elegir autoridades mediante el voto.

La dimensión dos del indicador tiene que ver con el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, que incluye las modalidades de la participación electoral (voto), derechos políticos, libertades civiles, participación de las mujeres en los diferentes niveles de gobierno, condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad (este último se mide de acuerdo al número de homicidios por cada 100 mil habitantes). El puntaje que se obtuvo dentro de una escala que va del 0 al 10, como en la escuela, es de 4.217, lo que representa una ligera mejora de lo que se obtuvo en el 2006 (4.162), pero se advierte que es en el que más se debe trabajar, pues aún no alcanza el promedio que se tiene en la región (de los 18 países que se miden estamos en el lugar 11 en esta dimensión).

Para la dimensión tres lo que se toma en cuenta es la calidad institucional y la eficiencia política; esta dimensión incluye las variables relacionadas con percepción de la corrupción, participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y el accountability (control y responsabilidad de los gobernantes). Aquí es donde en definitivas México tiene un retroceso marcado y preocupante; en el 2006 ya había registrado un de por sí bajo 5.606, pero este año obtuvo tan sólo el 4.217. Una de las explicaciones vertidas en el estudio es que actuó el factor de anormalidad democrática, debido a la crisis institucional derivada del conflicto poselectoral del 2006, y por los hechos ocurridos en Oaxaca. Evidentemente el mal manejo de las crisis políticas, tanto a nivel nacional y local repercutió en la percepción de que las instituciones no tienen la capacidad para administrar correctamente los conflictos. Lo que se debe revisar, por tanto, es el diseño constitucional de las instituciones y el perfil de las autoridades que las encabezan. La reciente reforma electoral puede mejorar en buena parte el funcionamiento de las instituciones que fueron severamente cuestionadas en las pasadas elecciones federales.

La última dimensión a considerar toma en cuenta el ejercicio del poder efectivo para gobernar, y a la vez incluye dos subdimensiones: capacidad para generar políticas que aseguren bienestar (salud, educación, pobreza, desempleo) y; capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica. El hallazgo para esta última es que, a pesar de que el PIB per cápita ha mejorado en más de 10%, el país ha decrecido en la eficiencia económica, esto se explica porque al mismo tiempo ha crecido la brecha del ingreso (en otras palabras, los ricos están ganando aún más y los pobres perciben cada vez menos). Y por el otro lado, en lo social ha sido bueno en cuanto a la mortalidad infantil, desempleo urbano, hogares en la línea de pobreza y gasto público en educación.

Los países que de acuerdo con este índice tienen democracias consolidadas son Chile (10), Costa Rica (9.706) y Uruguay (9.384), ya que encabezan la lista con un promedio del IDD-Lat superior al 9. México ocupó el año pasado el lugar cinco, este año se ubica en el seis. El índice de desarrollo democrático para el país es malo; si fuera a pasar de grado escolar repetiría el año, obtuvo el 5.566. Y ha ido de menos a menos, de acuerdo con las seis mediciones anuales que se han hecho: 2002 (6.340); 2003 (6.623); 2004, (6.139); 2005 (5.522); 2006 (5.917); 2007 (5.566).

Como se ha mencionado en otras reflexiones, cada sistema político es distinto y responde a diferentes factores. Que las últimas dos evaluaciones expongan el mal estado de la democracia no es para escandalizarse ni para tirar la toalla y saltar del barco (abrazar el autoritarismo). No se trata tampoco de manera simple de acusar a los otros (al gobierno de derecha, a la oposición perredista, a las herencias priístas); es más complejo que eso, es una responsabilidad de todos: de por fin ponernos de acuerdo en lo fundamental, en hacer cambios sustanciales en la forma de hacer política en el país sin estar midiendo constantemente los efectos electorales por la osadía de gobernar con el otro. Y finalmente, donde está el verdadero acertijo es cómo detonar la participación ciudadana: democratizar a los ciudadanos.

Consolidación democrática

La democracia es un concepto abstracto que se utiliza para señalar una serie de procesos sociales y políticos, que en términos simples se refiere a esa realidad que tiene qué ver con los procedimientos técnicos y políticos mediante los cuales la sociedad de un Estado elige a sus gobernantes, y bajo esta naturaleza de origen las autoridades encumbradas por el pueblo deben gobernar con reglas también democráticas; es decir, surge del pueblo para servir al pueblo.

Los procesos democráticos, en consecuencia, se manifiestan de diversas formas dependiendo de sus elementos básicos: el tipo de sociedad que existe en un país, la cultura predominante en ellos, su nivel económico, sus creencias, su capacidad para organizarse y para participar, entre otras. Es lógico entonces entender que el tipo de instituciones que se tengan en ese país también serán diferentes, dependiendo de cómo se construya el entramado social. Se puede lanzar la hipótesis de que una sociedad que se interesa poco en los problemas públicos y que no quiere organizarse con los demás para solucionarlos, generará un terreno propicio para que los gobernantes actúen de manera poco responsable o comprometida con la sociedad, y además, que la sociedad se aleje de los problemas públicos puede estar alentado por el gobernante, que desea que el público al cual se debe esté más interesado en frivolidades de todo tipo que en los asuntos que le deben preocupar, como la calidad de la educación que reciben sus hijos o la transparencia con que manejan los recursos los gobernantes, ya que los recursos con las que cuenta el Estado no es otra cosa que los impuestos que paga la misma sociedad.

Como se puede observar el problema de la democracia es bastante complejo, y merece una constante revisión. No hay que distraernos de lo fundamental, aunque a veces los malos gobernantes y los poderes fácticos así lo desean por convenir a sus intereses.

A nivel internacional y en nuestra región, la organización civil Corporativo Latinobarómetro (con sede en Chile) realiza desde 1995 una serie de encuestas en 18 países latinoamericanos, entre los cuales se encuentra México; el estudio lleva el mismo nombre de la organización Latinobarómetro, y en este mes de noviembre se ha dado a conocer el informe correspondiente a 2007. Dicho estudio logra pulsar por medio de encuestas a una población de aproximadamente 527 millones de ciudadanos. Muchos de los resultados y de las conclusiones a las que llega el estudio son bastante interesantes y sugerentes para entender la realidad democrática de nuestra región.

Una de las principales conclusiones a las que se llega, desde el ángulo netamente teórico, es que las ciencias sociales, con sus herramientas actuales y por haber nacido en contextos desligados de nuestra realidad social y política están rebasadas para poder explicar el fenómeno democrático actual. Y esto es real, a lo menos si se observan los planteamientos teóricos actuales, ninguno sirve para entender en toda su complejidad el fenómeno, por lo que se requiere revisar los conceptos y herramientas metodológicos y a partir de ahí dar explicaciones más completas.
El Latinobarómetro analiza la variable económica, matizando su rol en la consolidación democrática. Por un lado es notorio el desencanto que hay de la política de menos Estado y más mercado que marcó el Consenso de Washington; no hay ni un solo país que haya tenido un éxito tal que pudiera orientar de manera definitiva a que otros continúen por ese camino como el único para solucionar los problema del subdesarrollo en la región. En contraparte, se ha generado un consenso nuevo: el Consenso de Washington no sirvió.

No obstante ello, y aquí está lo interesante, los procesos democráticos siguen. Los procesos políticos tienen una lógica separada de los procesos económicos -afirma el estudio-. O visto de otra forma, a pesar de los descalabros económicos, se sigue teniendo confianza en el sistema democrático. No se ha dado una regresión a regímenes autoritarios hasta este momento; el único país que se sale de este esquema es Venezuela. La conclusión del informe de alguna manera es ésta: «La democracia no se derrumba, pero no se consolida. Está ahí.» Parece que nos conformamos con poco, pero a lo menos seguimos por el camino correcto.

El caso mexicano sirve de ejemplo para analizar la idea anterior. De acuerdo con los hallazgos de la encuesta, se revela un marcado descenso en el apoyo hacia la democracia en apenas un año. En el 2006 el 54% de los mexicanos afirmaba que prefería la democracia en lugar de cualquier otra forma de gobierno; en el 2007 esa opinión la tienen sólo el 48% (bajó 6 puntos porcentuales); en el 2006, 41% de los encuestados está satisfecho con la democracia; en este año sólo el 31% está satisfecho (bajó 10 puntos porcentuales). Lo dicho, la democracia no se consolida, no se derrumba, pero sigue ahí. Pero por los resultados de esta encuesta debemos preocuparnos y hacer algo.

Robert Putnam, cientista político estadounidense, lanzó la hipótesis de que la ausencia de participación de las personas es lo que no permite que se consolide la democracia en los países. El camino es éste, no hay duda, necesitamos más ciudadanos politizados; es decir, gente que tome acciones para mejorar la vida en sociedad. Es así de sencillo. Sin embargo, los índices de participación son muy bajos; de acuerdo al Latinoabarómetro en México sólo el 12% de los encuestados ha participados en política, y apenas el 17% ha tenido algún tipo de participación social. Porcentajes claramente bajos.

Nueva Legislatura

Después del proceso electoral del pasado 5 de agosto, en que se eligieron a 18 diputados por el principio de mayoría relativa y nueve más por el principio de representación proporcional, será instalada el día de hoy la LX Legislatura del estado. El voto ciudadano se tradujo en una conformación plural, pues con excepción del Partido del Trabajo, todas las fuerzas políticas estarán representadas en el Congreso.
Antes de que se dieran los grandes cambios políticos a través de la alternancia en las gubernaturas o en la presidencia de la república, el Poder Legislativo fue la institución política que de manera casi silenciosa fue dando espacio para las diferentes oposiciones políticas, pues a pesar de que en muchas ocasiones no lograban ganar elecciones de mayoría al Partido Revolucionario Institucional, el número de votos que conseguían le permitían tener voz y voto en las decisiones legislativas. Y también hay que decirlo, que siendo minorías, muchas veces los reclamos no eran escuchados y el número de sus votos no significaba una amenaza a las decisiones del partido en el poder.En Aguascalientes el Partido Acción Nacional pasó de una representación discreta a una protagónica en el año de 1995. En ese año, el PAN se benefició de varios factores que le permitieron tener el apoyo de la mayoría de los ciudadanos; esto le retribuyó en un primer triunfo en el municipio de Aguascalientes y ser protagónico en el Congreso, para decirlo en pocas palabras: dejó de ser minoría. En las elecciones de 1998 el PAN toma pleno control del Congreso. El PRI vuelve a tener un dominio en el 2001, pero así como lo obtuvo lo perdió en la elección del 2004. Ahora en el 2007, el PRI regresa con fuerza al Poder Legislativo y llega también un PAN como segunda fuerza con lecciones de poder bien aprendidas.
Un dato que tampoco debe soslayarse es que los diputados de mayoría que se eligieron fueron votados bajo una nueva distritación electoral. Las circunscripciones electorales anteriores carecían de equidad poblacional al dotar de un diputado para cada municipio del estado. La redistritación electoral le quitó representantes a los municipios para darle igualdad a los votos de los ciudadanos. Curiosamente, algunos argumentaban que la redistritación estaba diseñada para quitarle posibilidades al PRI, de que tuviera más diputados en el Congreso por su elevada presencia en los municipios del interior, y darle mayor oportunidad de que triunfaran los candidatos del PAN, pues la mayoría de los distritos electorales están en el municipio de Aguascalientes, donde se suponía había pleno dominio de Acción Nacional. Ni lo primero ni lo segundo, el gerrymanderismo no se dio. Los ciudadanos demostraron que no tiene compromisos de por vida con ningún partido político, que sus preferencias electorales varían de elección a elección. Un porcentaje elevado del electorado analiza la oferta política, así como apoya hoy a un partido, mañana lo puede hacer por otro. Es la primera lección que se debe de aprender en el juego democrático: no hay derrotas totales, ni triunfos eternos.
La movilidad política es más que necesaria para el estado y para el país. Si se analiza con cuidado, tenemos a muchos personajes que han sido protagónicos desde por lo menos dos décadas. La conformación del Congreso combina en el perfil de sus integrantes personalidades con amplia experiencia política y sangre nueva, algo que es necesario para cualquier clase política. Ojalá y esto se siga dando en otras esferas de la vida institucional del estado.
La legislatura que recién ha concluido su periodo adoleció en su último tramo de capacidad para llegar a acuerdos importantes. El desgaste por el endeudamiento propuesto por el Ejecutivo fue algo que polarizó posiciones, al extremo que se pasó de la sana discusión al enfrentamiento y rompimiento de lealtades partidarias. Uno de los pocos datos que se pueden rescatar para medir el sentir de la población en este sentido es el sondeo que realizó el periódico AGUAS vía internet: se preguntó si creían que los diputados locales habían desquitado su salario en estos tres años; el cien por ciento de los que participaron en este ejercicio dijo que no.
Más allá de estos ejercicios de medición de la opinión pública, lo cierto es que la sociedad demanda de sus autoridades, en este caso de sus legisladores, de mayor compromiso social, del desarrollo de una actividad profesional alejada de compromisos de partido o de grupo. El Poder Legislativo crea y ordena el entramado institucional, de la capacidad analítica de los legisladores y del tipo de diálogo que se genere con el Poder Ejecutivo dependerá el desarrollo de la entidad. La cohabitación política ya no es un estadio de transición hacia el dominio de un partido a otro, como muchos pensaban, es más bien una forma de vida política: dialogar, debatir y acordad son las tareas básicas.