Desarrollo democrático

En el anterior artículo se habló de algunos de los resultados relevantes del Latinobarómetro, un ejercicio de medición de la opinión pública que como resultado general ponía a la democracia latinoamericana en una posición de estancamiento: no avanza, no se cae, simplemente está ahí. Sin duda, ésta es la mejor descripción para el caso mexicano. Ahora, esta semana se han dado a conocer los resultados de otro indicador democrático; me refiero al elaborado por la Fundación Konrad Adenauer y la consultora Polilat, ambas organizaciones gozan de reconocimiento internacional.

Los hallazgos del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat) fortalecen las conclusiones del Latinobarómetro. El IDD-Lat es resultado de la medición de cuatro dimensiones básicas del desarrollo democrático. No está basado únicamente en una sola fuente de información, sino que toma datos de otras instituciones para observar el desempeño de variables básicas con las que se puede definir que existe cierto nivel de democracia en un país.

La primera dimensión se refiere a las condiciones básicas de la democracia, y no tiene una medición propiamente cuantificable, sino que simplemente es la observación de si existe o no la democracia en términos formales. La definición básica para establecer si existe o no democracia es la siguiente: acceso al poder de las autoridades a través de celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Si falta una de estas características a un país, simplemente no es democrático. En México podríamos decir, sin ser demasiado exigentes, que sí existe una democracia formal, pues las leyes amparan los procedimientos básicos (técnicos) para elegir autoridades mediante el voto.

La dimensión dos del indicador tiene que ver con el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, que incluye las modalidades de la participación electoral (voto), derechos políticos, libertades civiles, participación de las mujeres en los diferentes niveles de gobierno, condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad (este último se mide de acuerdo al número de homicidios por cada 100 mil habitantes). El puntaje que se obtuvo dentro de una escala que va del 0 al 10, como en la escuela, es de 4.217, lo que representa una ligera mejora de lo que se obtuvo en el 2006 (4.162), pero se advierte que es en el que más se debe trabajar, pues aún no alcanza el promedio que se tiene en la región (de los 18 países que se miden estamos en el lugar 11 en esta dimensión).

Para la dimensión tres lo que se toma en cuenta es la calidad institucional y la eficiencia política; esta dimensión incluye las variables relacionadas con percepción de la corrupción, participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y el accountability (control y responsabilidad de los gobernantes). Aquí es donde en definitivas México tiene un retroceso marcado y preocupante; en el 2006 ya había registrado un de por sí bajo 5.606, pero este año obtuvo tan sólo el 4.217. Una de las explicaciones vertidas en el estudio es que actuó el factor de anormalidad democrática, debido a la crisis institucional derivada del conflicto poselectoral del 2006, y por los hechos ocurridos en Oaxaca. Evidentemente el mal manejo de las crisis políticas, tanto a nivel nacional y local repercutió en la percepción de que las instituciones no tienen la capacidad para administrar correctamente los conflictos. Lo que se debe revisar, por tanto, es el diseño constitucional de las instituciones y el perfil de las autoridades que las encabezan. La reciente reforma electoral puede mejorar en buena parte el funcionamiento de las instituciones que fueron severamente cuestionadas en las pasadas elecciones federales.

La última dimensión a considerar toma en cuenta el ejercicio del poder efectivo para gobernar, y a la vez incluye dos subdimensiones: capacidad para generar políticas que aseguren bienestar (salud, educación, pobreza, desempleo) y; capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica. El hallazgo para esta última es que, a pesar de que el PIB per cápita ha mejorado en más de 10%, el país ha decrecido en la eficiencia económica, esto se explica porque al mismo tiempo ha crecido la brecha del ingreso (en otras palabras, los ricos están ganando aún más y los pobres perciben cada vez menos). Y por el otro lado, en lo social ha sido bueno en cuanto a la mortalidad infantil, desempleo urbano, hogares en la línea de pobreza y gasto público en educación.

Los países que de acuerdo con este índice tienen democracias consolidadas son Chile (10), Costa Rica (9.706) y Uruguay (9.384), ya que encabezan la lista con un promedio del IDD-Lat superior al 9. México ocupó el año pasado el lugar cinco, este año se ubica en el seis. El índice de desarrollo democrático para el país es malo; si fuera a pasar de grado escolar repetiría el año, obtuvo el 5.566. Y ha ido de menos a menos, de acuerdo con las seis mediciones anuales que se han hecho: 2002 (6.340); 2003 (6.623); 2004, (6.139); 2005 (5.522); 2006 (5.917); 2007 (5.566).

Como se ha mencionado en otras reflexiones, cada sistema político es distinto y responde a diferentes factores. Que las últimas dos evaluaciones expongan el mal estado de la democracia no es para escandalizarse ni para tirar la toalla y saltar del barco (abrazar el autoritarismo). No se trata tampoco de manera simple de acusar a los otros (al gobierno de derecha, a la oposición perredista, a las herencias priístas); es más complejo que eso, es una responsabilidad de todos: de por fin ponernos de acuerdo en lo fundamental, en hacer cambios sustanciales en la forma de hacer política en el país sin estar midiendo constantemente los efectos electorales por la osadía de gobernar con el otro. Y finalmente, donde está el verdadero acertijo es cómo detonar la participación ciudadana: democratizar a los ciudadanos.