Es evidente que la democracia en México no está consolidada y no está en uno de sus mejores momentos. La larga marcha hacia la democracia que se inició con las reforma electoral de 1977 no ha concluido. La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales fue producto de la crisis derivada de la elección presidencial de 1976, proceso donde sólo hubo una opción para votar. De ahí la élite política tuvo que empezar a modificar las reglas del juego para que la democracia fuera real y no sólo aparente.
A partir de aquella gran reforma que encabezó don Jesús Reyes Heroles, se fueron perfeccionando los mecanismos democráticos; la gran divisa ha sido siempre el dotar de confianza y, por tanto, de credibilidad a los procesos electorales; esto implica evidentemente la búsqueda de imparcialidad de la autoridades electorales y asimismo que los procedimientos para elegir gobernantes sean claros e incontrovertibles.
¿Cómo lograr entonces que el árbitro electoral sea imparcial y dé certeza al proceso electoral? La mejor forma es que sean los propios ciudadanos y no los partidos políticos, ni el gobierno, los responsables de esta tarea, porque difícilmente garantizarían la imparcialidad y sobre todo la confianza de los resultados.
La creación de instituciones y procedimientos confiables ha sido gradual y en momentos demasiado lentos. Esto es notorio porque no se volvieron a tocar de manera sustancial las reglas electorales hasta que no hubo una nueva crisis política derivada de otro conflicto electoral: las desaseadas elecciones de 1988 y la crisis política que generó llevó consigo que nuevamente se modificaran las reglas del juego. En 1990 se da rango constitucional al instituto encargado de organizar las elecciones, se crea entonces el Instituto Federal Electoral (IFE) y el respectivo Código Federal Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Sin embargo, el nuevo IFE tenía un defecto, el Consejo era presidido por el secretario de Gobernación y los representantes de los partidos tenían voz y voto. La gran novedad es que se le había dado entrada a ciudadanos a la integración del Consejo, se les llamó consejeros magistrados y eran propuestos por el presidente de la república y la Cámara de Diputados los aprobaba, pero era evidente que el organismo no gozaba de plena imparcialidad y confianza.
En 1994 se da otro paso, se les quita el voto a los representantes de partido, los consejeros ya no son propuestos por el presidente sino por los diputados, pero la presencia del ejecutivo continua vía el secretario de Gobernación quien sigue presidiendo al Consejo.
Esto se solucionó con la reforma de 1996, se determinó que quienes integran el Consejo General serán ciudadanos, representantes del poder legislativo y representantes de los partidos políticos, siendo los únicos con voto los consejeros ciudadanos. Se puede afirmar que esta reforma pone al país en una nueva etapa de consolidación democrática, pues quienes organizan las elecciones son ciudadanos y ya no más el gobierno.
De esta reforma surge el Consejo que dirigió el maestro José Woldenberg, quien supo darle el peso y las dimensiones que todos querían ver en el órgano que tiene la tarea básica de traducir el voto ciudadano en poder. Hubo por primera vez confianza e imparcialidad.
La última reforma electoral, que tiene su origen nuevamente en una crisis poselectoral, determinó que los consejeros que se eligieron en octubre de 2003 salieran de manera escalonada, empezando por el consejero presidente Luis Carlos Ugalde y dos consejeros más. ¿Por qué se dio esta situación? Tuvo que ver lo cerrado de los resultados, pero más que esto fueron las condiciones en que se dio la campaña electoral. Hubo fuerzas extrañas en el proceso que influyeron negativamente en éste: la clara intervención del presidente de la república a favor de su candidato y de un grupo de empresarios que denostó a un candidato de la oposición; así como la utilización de propaganda negra que quitó lo honroso que tiene la lucha electoral (no se debatieron ideas sino improperios). En estas dos únicas situaciones que se mencionan el Consejo General del IFE no hizo nada.
El nuevo consejero presidente, que por naturaleza lleva todo el peso de la institución, sin demérito de los demás integrantes, tiene el gran reto de devolverle la credibilidad al proceso electoral que es fundamental para que la gente crea en la democracia. Todos los indicadores sobre el aprecio que tiene la gente en la democracia, y varios de ellos se han expuesto en este espacio, han bajado.
Algo que se debe mejorar evidentemente es el mecanismo de elección de los consejeros, pues a pesar de que se abrió el proceso a los ciudadanos en general, sigue causando suspicacias en muchos sectores de la sociedad el hecho de que a final de cuentas sean los partidos políticos los que deciden a quién poner. El ideal es que quien integre un órgano de esa naturaleza sea un experto en temas electorales, con experiencia en organizar elecciones, con un alto reconocimiento social y que los partidos políticos confíen en el ciudadano.
Existen más de una figura con las características señaladas. El problema radica entonces en los criterios políticos que pesan de último momento, pues no hay que olvidar que deben ser dos terceras partes de la Cámara de Diputados la que se requiere para elegir a los consejeros, lo que obliga a que se hagan negociaciones con otros partidos para lograr esa mayoría, además de que por la naturaleza del encargo se requiere que todos las fuerzas políticas estén de acuerdo; de lo contrario se propicia una desconfianza de origen.
Con todo ello el resultado de las designaciones deja un saldo positivo, mucho más positivo de lo que fue en el 2003. Al parecer no sólo las tres principales fuerzas políticas, sino que los otros cinco partidos, apoyaron las designaciones. El nuevo consejero presidente, el doctor Leonardo Valdés Zurita, es un académico reconocido que participó en la fundación y dirección de la primera organización preocupada en estudiar los fenómenos electorales: la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales; en la Universidad Autónoma Metropolitana creó el Centro de Estadística y Documentación Electoral; fue director de organización electoral del IFE; y consejero ciudadano del Instituto Electoral del Distrito Federal. El perfil del doctor Valdés Zurita garantiza un desempeño profesional que será puesto a prueba por lo complicado que se han vuelto los procesos electorales en México. Por lo pronto se ha puesto al frente a alguien que puede regresarle el prestigio y la confianza al IFE que se había erosionado peligrosamente en los últimos años.
Imagen: Jaqueline con las manos cruzadas (1954), Pablo Picasso.
Publicado en el diario Aguas (14/2/2008).
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